En su informe de aportaciones al VI Informe de aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el CERMI ha puesto el acento en dos ámbitos de política pública social, la relativa a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia de las personas con discapacidad y mayores, por una parte, y la de lucha contra la violencia de género, por otra, que se han visto especialmente resentidas por las restricciones de gasto practicadas por las Administraciones públicas españolas.

 

En relación con el sistema para la autonomía y la atención a la dependencia, el CERMI señala la introducción generalizada y abusiva del copago, la participación en el coste de los servicios de las personas usuarias, que se ha convertido en confiscatorio, vaciando el derecho social a la atención y expulsando a los beneficiarios del dispositivo de protección social.

 

Los efectos dañinos del copago se hicieron evidentes, según el informe, a partir del año 2012, con la reforma regresiva aprobada por el Gobierno del Partido Popular, que no ha sido revertida a pesar de los mejores datos económicos producidos desde 2015.

 

En cuanto a la violencia de género, además de los recortes de gasto, que han mermado la eficacia de las estrategias públicas, el CERMI documenta ante Naciones Unidas la insuficiencia de la legislación española en la materia, por cuanto no identifica bien la situación de las mujeres y niñas con discapacidad que sufren violencia, que siguen invisibilizadas en las estadísticas y registros oficiales.

 

En sus aportaciones ante la instancia que realiza el seguimiento de la aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el CERMI solicita a Naciones Unidas a que inste al Estado español a cesar las políticas de reducción de gasto social y a la reversión inmediata de todos los efectos negativos de las medidas adoptadas en plena crisis económica.

 

El CERMI actúa ante Naciones Unidas en su doble condición de mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como de organización no gubernamental con estatuto consultivo oficialmente reconocido ante el Consejo Económico y Social de la organización mundial.